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Avisos y Novedades

  • Datos personales en la publicación de actos administrativos>

    La nueva Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales (LOPDyGDD) dispone la manera en la que debe realizarse la identificación de los interesados en las publicaciones de actos administrativos (por ejemplo, la publicación de los resultados de una prueba selectiva):

    «Cuando sea necesaria la publicación de un acto administrativo que contuviese datos personales del afectado, se identificará al mismo mediante su nombre y apellidos, añadiendo cuatro cifras numéricas aleatorias del documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente. Cuando la publicación se refiera a una pluralidad de afectados estas cifras aleatorias deberán alternarse

    Contiene igualmente reglas para la notificación por medio de anuncios, en el supuesto del art. 44 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común (notificación infructuosa). Por ejemplo, la notificación por medio de anuncios de una multa de tráfico que no pudieron notificarnos en nuestro domicilio. En este caso, se identificará al afectado exclusivamente mediante el número completo de su documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente.

    En ningún caso debe publicarse el nombre y apellidos de manera conjunta con el número completo del documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente.

     

  • Nuevos derechos digitales>

    La LOPDyGDD añade nuevos derechos en materia laboral, tanto en el ámbito privado como en la función pública. Algunos nos afectan especialmente, al ser la Universidad una Administración pública educativa:

    Derecho a la educación digital (art. 83): Las Administraciones educativas deberán incluir en el diseño del bloque de asignaturas de libre configuración la competencia digital referida al aprendizaje del uso de los medios digitales, así como los elementos relacionados con las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las TIC, con especial atención a las situaciones de violencia en la red. Para que esto sea posible, se establece la obligación de impartir al profesorado «las competencias digitales y la formación necesaria para la enseñanza y transmisión de los valores y derechos referidos en el apartado anterior». Además, se dispone que «los planes de estudio de los títulos universitarios, en especial, aquellos que habiliten para el desempeño profesional en la formación del alumnado, garantizarán la formación en el uso y seguridad de los medios digitales y en la garantía de los derechos fundamentales en Internet».

    Y el apartado 4º especifica que «Las Administraciones Públicas incorporarán a los temarios de las pruebas de acceso a los cuerpos superiores y a aquéllos en que habitualmente se desempeñen funciones que impliquen el acceso a datos personales materias relacionadas con la garantía de los derechos digitales y en particular el de protección de datos».

    Derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral (art. 87): Se reconoce a los trabajadores el «derecho a la protección de su intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por su empleador» y a su vez, la obligación de los empleadores de «establecer criterios de utilización» de dichos dispositivos digitales, incluyendo la especificación de los usos autorizados y, en su caso, «la determinación de los períodos en que los dispositivos podrán utilizarse para fines privados».

    Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral (art. 88): Recoge el testigo francés y en su virtud, los trabajadores «tendrán derecho a la desconexión digital» a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar. La regulación de este derecho se regirá según se establezca en la negociación colectiva o, en su defecto, a lo acordado entre la empresa y los representantes de los trabajadores.

    Derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo (art. 89): Previa información, «expresa, clara y concisa», a los trabajadores y, en su caso, a sus representantes, se permite a los empleadores el tratamiento de las imágenes obtenidas, pero solo «para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores», y sin que dichos dispositivos puedan estar instalados en lugares destinados al descanso o esparcimiento de los trabajadores «tales como vestuarios, aseos, comedores y análogos». La ley prevé también el caso del descubrimiento casual de la «comisión flagrante de un acto ilícito por los trabajadores» se entenderá cumplido el deber de informar cuando existiese, como mínimo, un dispositivo informativo en lugar suficientemente visible identificando, al menos, la existencia del tratamiento, la identidad del responsable y la posibilidad de ejercitar sus derechos.

    Derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización en el ámbito laboral (art. 90): La Ley autoriza a los empleadores el tratamiento de los datos obtenidos «a través de sistemas de geolocalización» solo para el ejercicio «de las funciones de control de los trabajadores» previstas en «su marco legal y con los límites inherentes al mismo» y previa información «expresa, clara e inequívoca» a los trabajadores y, en su caso, a sus representantes.

    Derechos digitales en la negociación colectiva (art. 91): La ley solo recoge unos mínimos y serán los convenios colectivos quienes establecerán «las garantías adicionales de los derechos y libertades relacionados con el tratamiento de los datos personales».

    Como consecuencia de estos nuevos derechos laborales, la nueva LOPDyGDD añade un nuevo art. 20 bis al Estatuto de los Trabajadores:

    Art. 20 bis ET. Derechos de los trabajadores a la intimidad en relación con el entorno digital y a la desconexión. Los trabajadores tienen derecho a la intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por el empleador, a la desconexión digital y a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización en los términos establecidos en la legislación vigente en materia de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.

    Y, se añade una nueva letra j.bis en el art. 14 al Estatuto Básico del Empleado Público:

    Art. 14. j bis) EBEP: A la intimidad en el uso de dispositivos digitales puestos a su disposición y frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización, así como a la desconexión digital en los términos establecidos en la legislación vigente en materia de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.

  • Entra en vigor la LOPDyGDD>

    El día 7 de diciembre de 2018 ha entrado en vigor la nueva Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales.

    La nueva Ley Orgánica completa y clarifica las 56 remisiones que el Reglamento (EU) 2016/679, General de Protección de Datos dirige al derecho interno de cada Estado Miembro.

    La LOPDyGDD cuenta con 97 artículos, repartidos en 10 títulos. Entre ellos, destaca por su carácter novedoso el Título X (artículos 79 a 97), que contiene el catálogo de derechos digitales, entre los que se encuentran el derecho a la actualización de informaciones en medios de comunicación digitales, el derecho a la intimidad y uso de dispositivos en el ámbito laboral o el derecho a la desconexión digital en el trabajo, si bien, la Ley no aclara qué Ministerio u organismo público será el encargado de garantizar el cumplimiento de muchos de estos derechos digitales.

     

  • Renovaciones del consentimiento tras el 25 de mayo>

    Ante el gran volumen de comunicaciones enviadas a los ciudadanos en los días previos y siguientes al 25 de mayo que, con carácter general, solicitan renovar el consentimiento, con el argumento de que es necesario para cumplir con el Reglamento, la Agencia Española de Protección de Datos ha señalado en su 10ª Sesión Abierta, que el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) no obliga, en principio, a renovar el consentimiento que se prestó previamente si éste cumple con los requisitos del Reglamento, como tampoco es necesario obtener dicho consentimiento cuando la base jurídica para tratar los datos es una relación contractual previa (art. 21.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico).

    Asimismo, la Agencia ha remarcado que la prestación de estos consentimientos no es necesaria salvo en los casos en los que el tratamiento anterior se justificara en un consentimiento tácito, o que al amparo de esa renovación del consentimiento se pretenda obtenerlo para nuevas finalidades.